Primera sentencia favorable de CDAs frente a Triodos Bank en Las Palmas de Gran Canaria y otra más en Collado Villalba.  

Iñaki Iribarren García, socio director en IRIBARREN ARTOLA Abogados mediante la Plataforma de reclamación de CDAs de Triodos Bank ReclamaTriodos vuelve a conseguir una nueva sentencia condenatoria a Triodos Bank de CDAs, esta vez es la primera sentencia que se dicta en Las Palmas de Gran Canaria y es favorable para un cliente afectado por los CDAs por importe de 11.308 euros. Además, traemos a colación otra nueva sentencia en Collado Villalba.

 

Empieza febrero como acabó enero, ganando sentencia frente a Triodos Bank. 

Volvemos a conseguir la primera sentencia favorable en una nueva zona geográfica, ya vamos pintando el país de color favorable a los afectados por los CDAs de Triodos Bank.  

También informamos de una nueva sentencia favorable en la zona geográfica de Madrid, esta vez es en Collado Villalba.

 

Sentencia estimatoria integra Juzgado de Primera Instancia 10 de Las Palmas de Gran Canaria.

Se estima íntegramente la demanda presentada por la parte actora, estimando la nulidad de las contrataciones por error o vicio en el consentimiento, condenando a Triodos Bank a devolver los 11.308 euros depositados en CDAs más comisión, gastos y los intereses legales desde las compras y con expresa condena en constas a Triodos Bank.

Don Santiago Lojo Corbal, magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 10 Las Palmas de Gran Canaria y su partido judicial, ha estimado íntegramente la demanda.

El juzgador entiende que:

“Error en el consentimiento. Valoración probatoria. Estimación de la pretensión de nulidad de la compra de CDA de 3 de junio de 2012.

El resultado de la prueba practicada, siendo esta exclusivamente documental, impide apreciar que a la Sra. XXXXXXXXXX, se le informara suficientemente del riesgo del producto litigioso, concurriendo error esencial en el objeto del contrato determinante de la anulabilidad contractual interesada con la demanda.

Para llegar a esta conclusión se deben tomar en consideración los siguientes elementos de valoración:

i.- En primer lugar, con la lectura del folleto informativo, no se puede concluir que al tiempo de la contratación se hubiera informada a la demandante que se pudiera perder el capital ni ver reducido su valor, o que las condiciones del producto pudieran variar con el lapso del tiempo, transformándose en un producto diferente al inicialmente adquirido, variando sus condiciones esenciales, lo que lo hacían más atractivo para su adquisición, a diferencia de otros productos financieros, al pasar a ser un producto que se vendía y adquiría en un mercado interno de la entidad, cuyo precio se fijaba sobre la base de su valor patrimonial contable, fijo y objetivo, a un producto que cotizaba en otros mercados, ajenos a la propia entidad emisora, con un precio variable, en atención a la oferta y demanda del mercado, que podría reducir sensiblemente el valor del producto, o sensu contrario, aumentarlo.

ii.- En segundo lugar, la entidad demandada no acredita haber puesto en conocimiento de la demandante que el valor del producto ya no dependería del valor patrimonial contable de la entidad, pasando a ser un producto similar a las "acciones", perdiendo todas sus características iniciales; por lo que, sin adverarse que la parte demandante tuviera estudios y conocimientos en materia financiera, no resulta acreditado que pudiese deducir el riesgo derivado del contrato que estaba firmando a pesar del test de conveniencia que la entidad le había practicado.

iii.- Es cierto que a la actora se le informó del riesgo de la inversión, en el sentido de hacer depender la venta de las demandas del mercado interno, que pudiese producir que la venta de los CDA se realizase de inmediato, que a lo sumo, podría tardar unos días ante la necesidad de casar las órdenes de compra y venta, pero no se contempló la información contractual de la posible existencia de una falta de liquidez que podría conllevar el cierre del mercado y la perdida de la inversión, debiendo necesariamente acudir al mercado externo, para recuperar bien parte de la inversión o bien perder la inversión en su totalidad.

iv.- En cuarto lugar, no consta que la información dada por la entidad explicara los riesgos del mercado, en tanto que se vendía como un producto de riesgo en su emisión, pero con mayor fiabilidad que las acciones, esto es, en la explicación del producto se le trasladaba que era un producto donde invertían en un mercado real, interno de la propia entidad, gestionado por el

El presente documento ha sido descargado el 02/02/2024 11:30:26 banco, en el que solo se podía vender y comprar los CDAS, sin poder cambiar a otro tipo de mercado externo; los títulos no cotizarían en bolsa; el valor del producto sería fijo, en atención al valor contable patrimonial de la propia entidad, dependiendo de su solvencia, cuya venta podía ser inmediata o a veces, había que esperar un tiempo para recuperar la inversión; y que para la venta había que "casar" la oferta con la demanda", de ahí que a veces la liquidez no se obtuviese de forma inmediata.

v.- Tampoco se contemplaba la posibilidad de que el mercado cerrara, no se explicaba que podría tener el mismo riesgo que las acciones porque no se contemplaba la salida del producto al mercado externo, ni la posibilidad de ver reducido el precio del CDA. Se realizaba únicamente al cliente un test de conveniencia, y se trasmitían exactamente toda la información contemplada en el folleto informativo que elaboraban los servicios jurídicos de la entidad.

vi.- Por otra parte, la entidad demandada infringió una de las obligaciones impuestas por la Ley de Mercado de Valores, al no informar del riesgo del producto en su conjunto, resultando difícil que una entidad bancaria, que cuenta con el respaldo de asesores financieros, con una larga experiencia, no pudieran conocer los riesgos de mercado del producto, a fin de transmitir a sus clientes una información cierta y veraz de todos los riesgos del productos, tanto de emisión como de mercado, a fin de que sus clientes pudieran conocer la verdadera naturaleza del producto en el que iban a invertir, conociendo sus beneficios y la totalidad de sus riesgos.

vi.- En sexto lugar, con la documental obrante en autos, se advierte que la actora es una persona minorista, en el sentido de que se inhiben de situaciones de riesgo y que deposita su confianza en las personas a quien entregaban su dinero, esto es, los beneficios obtenidos por sus rendimientos del trabajo, ya que no posee estudios financieros. Tampoco consta acreditado en autos que la parte actora fuera titular de otros productos de riesgo, y que permita entender que podía conocer todas y cada una de las características del producto, máxime cuando, la propia entidad, presuntamente, prevista de asesores financieros no contemplaban los riesgos de mercado.

El hecho de informar adecuadamente a los clientes de la situación de los CDAS, tras el cierre del mercado, no suple, la falta de información adecuada que la entidad debió suministrar a sus clientes al tiempo de su comercialización; ni tan siquiera con la salida del producto al mercado exterior para que los clientes puedan vender las acciones y recuperar la inversión, pues, aunque se una solución factible, que la entidad da a sus clientes, la salida del producto al mercado exterior supone un cambio de naturaleza del producto que inicialmente comercializaban.

vii.- Finalmente, la falta de información cierta, completa, comprensible y veraz sobre el CDA y sus riesgos, omitida por la entidad demandada, determinó que el demandante contratara un producto, desconociendo exactamente sus circunstancias esenciales, porque esencial es que se pueda perder completamente la inversión dependiendo de la evolución del negocio, que en ningún caso se trasmitía a los clientes.

En consecuencia, procede declarar la nulidad de nulidad del contrato de compra de certificado de depósitos para acciones (CDAs de Triodos Bank) de 3 de junio de 2012, siendo pertinente la recíproca devolución de las prestaciones recibidas por las partes, con sus frutos e intereses.”

 

Sentencia estimatoria integra Juzgado de Primera Instancia 6 de Collado Villalba.

Se estima íntegramente la demanda presentada por la parte actora, estimando la nulidad de las contrataciones por error o vicio en el consentimiento, condenando a Triodos Bank a devolver los 28.553,22 euros depositados en CDAs más comisión, gastos y los intereses legales desde las compras y con expresa condena en constas a Triodos Bank.

Doña Camino Serrano Fernández, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Collado Villalba, ha estimado íntegramente la demanda.

La juzgadora entiende que:

“TERCERO.- De lo pretendido subyace la alegación de que la parte demandante, debido a la falta de información adecuada, y derivada del incumplimiento de las normas bancarias de conducta y reguladoras del mercado de valores, realmente no tuvo conocimiento de la auténtica naturaleza y esencia de lo que contrató. A este respecto la jurisprudencia es reiterativa en considerar que la prueba del error que se considera determinante de la nulidad contractual incumbe a la parte que lo alega, pero tratándose de esta clase de productos bancarios que, pese a lo alegado por la parte demandada, entendemos que no son simples sino complejos.

En consecuencia, corresponde desde luego a la entidad bancaria la obligación de probar debidamente que ha cumplido con sus obligaciones y deberes legales, so pena de presumir la existencia del error aducido, debiendo por tanto ser ella la que acredite que ha cumplido debidamente con los deberes de información, que desde luego no pueden ser entendidos como cumplidos por el mero hecho de que el cliente se vea obligado a firmar declaraciones estereotipadas y predispuestas de haber sido informado y haber recibido documentación que por otro lado tampoco está al alcance cognitivo de cualquier consumidor medio, ni por la mera aportación de test (entendemos insuficientes dada la naturaleza del producto), igualmente estereotipados cuyas condiciones de realización tampoco constan mínimamente. Y por tanto, no cumpliéndose mínimamente por la parte demandada la obligación de acreditar que se ha informado debidamente en forma concreta a la parte demandante de la naturaleza y riesgos del producto suscrito, siendo que inclusive en este procedimiento la propia demandada ha pretendido manifestar que lo comprado por la actora es algo distinto a lo que realmente es, pues en todo caso nos ha mantenido que nos encontramos ante simples títulos representativos de acciones, con los mimos riesgos y naturaleza que éstas, cuando realmente ni la demandante es titular de las mismas, ni los riesgos con los que cuenta son semejantes, al haberse encontrado en una situación de iliquidez, impropia de las acciones.

Y todo ello habida cuenta no sólo de que los certificados no cotizan en ningún tipo de mercado, sino que precisamente el mercado que existe de las mismas depende en exclusiva de la propia entidad emisora de los títulos, que es la que La autenticidad de este documento se puede comprobar  decide cuándo, cómo, con qué límites, y con qué extensión de posibles inversores, se pueden vender los certificados, característica que desde luego les aleja de la alegada semejanza a las acciones, que sólo pertenecen a la indicada Fundación para la Administración de Acciones constituida al efecto, ostentando en relación a las mismas todos los derechos políticos correspondientes, y las asemeja, en efecto, a otro tipo de productos financieros a los que hace alusión la parte actora, que han determinado numerosos pronunciamientos judiciales sobre su nulidad, es por lo que entendemos que la misma también ha de ser predicada de las ordenes de suscripción objeto de este procedimiento, por considerar que la falta de prueba de información adecuada y suficiente por parte de la demandada, hace presumir el alegado error vicio de la parte demandante sobre la auténtica naturaleza, esencia y riesgos del producto contratado, siendo dicho error de naturaleza como decimos esencial y excusable, por cuanto entendemos que dada la naturaleza de lo contratado, y la inferioridad en la que se encuentra el cliente bancario al depender de las explicaciones e información y cumplimiento de sus deberes por parte de la entidad bancaria, no podía salir del mismo con la diligencia que racionalmente pudiera serle exigible.

Debiendo reseñar asimismo, que no es óbice a dicho pronunciamiento lo alegado por la parte demandada en torno a que, al tiempo de la segunda suscripción, la demandante ya era conocedora de la limitación de la posible compraventa de los títulos, pues dicha circunstancia no consta, al no probarse debidamente que tal circunstancia fuera expresamente conocida por la parte actora quien precisamente pudo comprar nuevos títulos, ni tampoco las meras informaciones que aporta la parte demandada en autos a su escrito de contestación implican que ésta conociera realmente la esencia de lo contratado al tiempo de ordenar la segunda suscripción, ni implicaran desde luego la confirmación de lo inicialmente contratado.

Por tanto, y en consecuencia, procede estimar la pretensión subsidiaria aducida por la parte demandante de nulidad relativa o anulabilidad de las órdenes suscritas, con los efectos previstos en el artículo 1.301 del Código Civil, de manera que ha de restituirse la situación previa a la contratación, debiendo la entidad demandada restituir a la parte actora los importes suscritos por la cantidad total de 28.553,22 euros, y los intereses legales correspondientes desde la fecha de abono de tales cantidades, deduciendo de dicha cantidad los importes que la parte actora haya podido percibir por las indicadas órdenes más los intereses legales correspondientes desde la fecha de los abonos, según compensación que se efectuará en su caso, en fase de ejecución de sentencia, debiendo asimismo la actora poner los certificados a disposición de la parte demandada.”

El abogado Iñaki Iribarren que ha vuelto a ganar a Triodos Bank, socio director en IRIBARREN ARTOLA Abogados y de la Plataforma de reclamación de CDAs de Triodos Bank – ReclamaTriodos, ya obtuvo en julio de 2022 la primera sentencia en España que condenaba a Triodos Bank por los CDAs, dictada por el juzgado de primera instancia 1 de Pamplona, así como las primeras sentencias favorables en Navarra, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Islas Baleares, Cantabria y ahora Canarias.

ReclamaTriodos a través de la Plataforma de Reclamación está defendiendo a más de 500 afectados por los CDAs en toda España, habiendo obtenido hasta la fecha varias de las pocas sentencias favorables existentes.

Todos los días recibimos solicitudes de afectados que contactan con la Plataforma a través del teléfono 948 275 063 o el email info@reclamatriodos.es para interesarse en la posibilidad de recuperar su dinero invertido en CDAs de Triodos Bank reclamando a la entidad.

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Iñaki Iribarren, Socio director en IRIBARREN ARTOLA Abogados y la Plataforma de reclamación de CDAs de Triodos Bank – ReclamaTriodos