CDAs Triodos Bank: 3 sentencias estimatorias, 2 autos favorables de audiencias provinciales y 2 desistimientos con firmeza de sentencias

Iñaki Iribarren García, socio director en IRIBARREN ARTOLA Abogados mediante la Plataforma de reclamación de CDAs de Triodos Bank ReclamaTriodos nos actualiza las últimas novedades judiciales de los CDAs de Triodos Bank.

Cada vez pinta mejor para los titulares de CDAs que han reclamado judicialmente a Triodos Bank el dinero que depositaron en sus certificados, pues se acumulan las sentencias favorables y las Audiencias Provinciales están a punto de caramelo, muchas de ellas dictarán resoluciones de fondo en breve si Triodos lo permite, pues está desistiendo de sus propios recursos cuando se acerca la fecha de deliberación y fallo de los órganos superiores.

Vamos por partes.


En primer lugar, tres sentencias favorables: Vitoria, Pamplona y Granollers.

Sentencia del juzgado de primera instancia 6 de Vitoria que estima íntegramente la demanda interpuesta por error o vicio en el consentimiento con condena a triodos a devolver al cliente 375.000 euros más intereses.

La magistrada D.ª Susana Diez Martinez de Lahidalga indica que “los únicos documentos que consta suscritos por XXXXXXXX son el contrato de adquisición que no contiene dato alguno y que se remite a un folleto, que no se sabe cuál es y si ha sido o no firmado por D. Jesús. El análisis de riesgo del producto, también, está firmado, sin embargo, en él se hace constar que es un producto no complejo, y sí que es cierto, que se dice que se puede perder todo o parte del dinero. Finalmente, está el test de conveniencia, el cual resulta ridículo para un producto calificado como de alto riesgo.

Por tanto, el único documento indicativo, en cierta medida y de manera breve, de las características y funcionamiento de los certificados es el análisis de riesgo. De la testifical de XXXXXXXXXX no cabe concluir que dicho documento fuera explicado con la rigurosidad que conlleva este producto, máxime cuando ya se dice que no es complejo, lo que induce a pensar que la explicación no fue muy extensa. Ello se corrobora, igualmente, con la conversación telefónica para la adquisición del producto del año 2014.

Finalmente, no se ha presentado prueba alguna en torno a la figura de XXXXXXXXXXXXXXX, es decir, se desconoce si está persona tenía más acciones, fondos de inversión u otro tipo de productos financieros, o si tenía otras cuentas en otras entidades. Lo cierto es que todo invita a pensar que no es así, pues en caso contrario se hubieran aportado. XXXXXXXXXXXXXX invirtió en este producto casi 400.000 euros, cantidad importante. No es creíble que una persona de la que no hay constancia de otros patrimonios, invierta esa cantidad de dinero en un producto del que sabe puede perderlo todo.

Por tanto, se estima la acción de anulabilidad fundada en el error en el consentimiento por una deficiente información en la naturaleza del producto.”

Sentencia del juzgado de primera instancia 5 de Pamplona que estima íntegramente la demanda interpuesta por error o vicio en el consentimiento con condena a triodos a devolver al cliente 42.972 euros más intereses.  

La magistrada D.ª Vanessa Caballero García indica que “Asimismo, cabe señalar que según la documental obrante en autos, la parte actora es una persona minorista, en el sentido de que se inhiben de situaciones de riesgo y que deposita su confianza en las personas a quien entregaban su dinero, esto es, los beneficios obtenidos por sus rendimientos del trabajo, ya que no posee estudios financieros. A mayor abundamiento no consta acreditado en autos que la parte actora fuera titular de otros productos de riesgo, y que permita entender que el mismo podía conocer todas y cada una de las características del producto, máxime cuando, la propia entidad, presuntamente, prevista de asesores financieros, no contemplaban los riesgos de mercado. El hecho de informar adecuadamente a los clientes de la situación de los CDAS, tras el cierre del mercado, no suple, la falta de información adecuada que la entidad debió suministrar a sus clientes al tiempo de su comercialización. Ni tan siquiera con la salida del producto al mercado exterior para que los clientes puedan vender las acciones y recuperar la inversión. Pues, aunque se una solución factible, que la entidad da a sus clientes, la salida del producto al mercado exterior supone un cambio de naturaleza del producto que inicialmente comercializaban.

En definitiva, esa falta de información cierta, completa, comprensible y veraz sobre el CDA y sus riesgos, omitida por la entidad demandada, a través de sus empleados, en los que sus clientes depositaban su entera confianza, determinó que el demandante contratara un producto, desconociendo exactamente sus circunstancias esenciales, porque esencial es que se pueda perder completamente la inversión dependiendo de la evolución del negocio, que en ningún caso se trasmitía a los clientes.

En consecuencia, procede declarar la nulidad de todas las contrataciones de los CDAS; realizada por la parte actora con la entidad demandada, y, conforme establece el art. 1303 del CC, al existir un vicio error en el consentimiento del actor, determinante de la contratación, siendo procedente la restitución de las respectivas prestaciones: el dinero entregado por la demandante más las comisiones, los gastos de custodia y más los intereses legales que correspondan, debiéndose compensar todo ello los importes de los rendimientos si los hubiere, y sus intereses, pues este deber de restitución nace de la ley y no necesita petición expresa (SS 22-1 l-1983y 24-2-92), en razón al principio iura novit curia(SAP Guipúzcoa Sección 3 a de 25 de noviembre de 2013).”

Sentencia del juzgado de primera instancia 3 de Granollers que estima íntegramente la demanda interpuesta por error o vicio en el consentimiento con condena a triodos a devolver al cliente 80.942 euros más intereses.

La magistrada D.ª Lorena Cristóbal Saez indica que “No cabe duda que el producto objeto de la presente litis tiene una naturaleza compleja (así lo reconoce la propia entidad en su página web, aunque inicialmente no lo calificaron de tal manera), al ser un producto con un riesgo 6/6, por lo que debe cumplir escrupulosamente con los deberes de información referidos con anterioridad.

Dicha rigurosa obligación de información y comprobación de adecuación del producto al cliente no se cumple si sólo se informa de la rentabilidad prevista en la emisión, pero no se informa adecuadamente de la posibilidad de perder la inversión en los términos en los que ahora se podría producir. Es decir se incumple, como es el caso, si no se informa previo a contratar de la posibilidad de una sustitución del mercado y la migración de los títulos, así como la sustitución de las reglas de determinación del precio para obtener liquidez en un supuesto de saturación del mercado interno, de la alteración del valor de los títulos adquiridos, y la posibilidad de, o bien perder la totalidad de la inversión o ver reducida considerablemente la inversión realizada en el supuesto de venta, de acceder a un mercado externo y que en tal mercado, se pueda realizar la efectiva venta del producto adquirido. Ese incumplimiento va indisolublemente unido al examen de la formación de la voluntad del contratante, ahora actor, y, como posteriormente se desarrollará, da lugar a la existencia de un error vicio en el consentimiento prestado.

Según el folleto informativo los CDA se comercializaban centrándose fundamentalmente en la característica esencial de que los CDA no cotizan en mercados secundarios oficiales, sino en el mercado interno que gestiona el propio banco sobre la base de que el precio de transmisión tiene que ser igual al valor patrimonial contable de la entidad, evitando así la especulación de precios. La razón de dicha fijación del precio se encontraba en garantizar que las transacciones sobre los mismos se efectuasen en base a un precio objetivo, eliminando la especulación sobre el mismo, que suele ser habitual en mercados externos, como ocurre con las acciones, y haciendo depender únicamente y exclusivamente su compra/venta en la oferta y demanda interna y en definitiva en la rentabilidad de la entidad. Es razonable que un ciudadano medio pueda sentirse atraído por el producto al disminuirse el riesgo de pérdida del capital invertido ante la estabilidad del mercado en el que iban a ser emitidos, la propia solvencia de la entidad financiera y, por supuesto, la seguridad de la inversión al realizarse en economías reales, cultura, medio ambiente etc. Se realizó pues sin informar al cliente que dicho mercado podría cerrarse por la entidad indefinidamente o que podría alterarse el propio mercado, pasando a otro distinto del inicial, pudiendo como consecuencia de ello perder el cliente la totalidad de la inversión, pero no por quiebra o gran pérdida económica del banco (pues se ha demostrado que los ingresos netos de la misma han ido aumentando en los últimos años exponencialmente), sino por cotizar en el mercado secundario.

En definitiva, de la documental aportada no resulta que a la parte actora se le informara suficientemente de las características del producto que en la actualidad tiene. De la lectura del folleto informativo y la información suministrada telefónicamente no se deriva que las condiciones del producto pudieran variar con el lapso del tiempo, transformándose en un producto totalmente diferente al inicialmente adquirido, variando sus condiciones esenciales, que lo hacían más atractivo para su adquisición, a diferencia de otros productos financieros. Ello porque podría pasar de ser un producto que se vendía y adquiría en un mercado interno de la entidad, cuyo precio se fijaba sobre la base de su valor patrimonial contable, fijo y objetivo, a un producto que cotizaba en otros mercados, ajenos a la propia entidad emisora, con un precio variable, en atención a la oferta y demanda del mercado, que podría reducir sensiblemente el valor del producto, o a sensu contrario, aumentarlo. Su valor, ya no dependería del valor patrimonial contable de la entidad y dejaría de ser un producto similar a las "acciones", perdiendo todas sus características iniciales.

De ello cabe fácilmente deducir que el actor no podía conocer el riesgo derivado del contrato que estaba firmando. Pues, si bien se informaba del riesgo de la inversión, en el sentido de hacer depender la venta de las demandas del mercado interno, que pudiese producir que la venta de los CDA no se realizase de inmediato (se decía podría tardar unos días ante la necesidad de casar las órdenes de compra y venta) no se informaba de la posible existencia de una falta de liquidez que podría conllevar el cierre del mercado y la perdida de la inversión, debiendo necesariamente acudir al mercado externo para recuperar la o parte de la inversión o perder la inversión en su totalidad.

Asimismo, cabe señalar que según la documental obrante en autos, la parte actora es una persona minorista, en el sentido de que se inhiben de situaciones de riesgo y que deposita su confianza en las personas a quien entregaban su dinero, esto es, los beneficios obtenidos por sus rendimientos del trabajo, ya que no posee estudios financieros. A mayor abundamiento no consta acreditado en autos que la parte actora fuera titular de otros productos de riesgo, y que permita entender que el mismo podía conocer todas y cada una de las características del producto, máxime cuando, la propia entidad, presuntamente, prevista de asesores financieros no contemplaban los riesgos de mercado. El hecho de informar adecuadamente a los clientes de la situación de los CDAS, tras el cierre del mercado, no suple la falta de información adecuada que la entidad debió suministrar a sus clientes al tiempo de su comercialización.

En definitiva, esa falta de información cierta, completa, comprensible y veraz sobre el CDA y sus riesgos, omitida por la entidad demandada, a través de sus empleados, en los que sus clientes depositaban su entera confianza, determinó que el demandante contratara un producto, desconociendo exactamente sus circunstancias esenciales. Por todo ello debe declararse el contrato nulo por error vicio en el consentimiento.”


En segundo lugar, dos Autos favorables de Audiencias Provinciales: Navarra y Vizcaya.

 Sección Tercera Audiencia Provincial de Navarra:

“Procede inadmitir los informes CNMV acompañados al escrito de recurso por carecer de relevancia para resolver el recurso.”

Sección Quinta Audiencia Provincial de Vizcaya:

 “Pues bien, a la vista de estas alegaciones, la realidad es que las mismas no han desvirtuado las consideraciones que se establecieron en el Auto recurrido, pues al margen y con independencia de que no se ha acreditado que la resolución que se pretende aportar, dictada por un Tribunal holandés, haya adquirido firmeza, en modo alguno el contenido de la misma puede resultar condicionante o decisivo para resolver las cuestiones que subyacen en el presente litigio, siendo las cuestiones resueltas por el Tribunal de lo Mercantil de Ámsterdam ajenas al ámbito propio del incumplimiento contractual de la relación entre la inversora demandante y la mercantil comercializadora de los títulos litigiosos origen de esta reclamación.”


Y en tercer lugar, no hay dos sin tres, dos desistimientos de Triodos Bank a sus propios recursos de apelación en Audiencias Provinciales que se suman al realizado en la Audiencia Provincial de Teruel: Álava y Valladolid.


En la Plataforma ReclamaTriodos, IRIBARREN llevamos defendiendo los intereses de los afectados por los CDAs desde el inicio del año 2022, cuando presentamos las primeras demandas en los juzgados. A la fecha son más de 500 afectados por los CDAs de Triodos Bank quienes han confiado en nuestra Plataforma de reclamación para poder recuperar su dinero invertido en este producto tóxico, comercializado como si fuera un producto sin apenas riesgo y con una naturaleza totalmente diferentes en sus elementos esenciales a la realidad.

El abogado Iñaki Iribarren, socio director en IRIBARREN ARTOLA Abogados y de la Plataforma de reclamación de CDAs de Triodos Bank – ReclamaTriodos, ya obtuvo en julio de 2022 la primera sentencia en España que condenaba a Triodos Bank por los CDAs, dictada por el juzgado de primera instancia 1 de Pamplona, así como las primeras sentencias favorables en Navarra, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Islas Baleares, así como Cantabria.

ReclamaTriodos a través de la Plataforma de Reclamación está defendiendo a más de 500 afectados por los CDAs en toda España, habiendo obtenido hasta la fecha un numero considerable de sentencias favorables para sus clientes.

Todos los días recibimos solicitudes de afectados que contactan con la Plataforma a través del teléfono 948 275 063 o el email info@reclamatriodos.es para interesarse en la posibilidad de recuperar su dinero invertido en CDAs de Triodos Bank reclamando a la entidad.

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Iñaki Iribarren, Socio director en IRIBARREN ARTOLA Abogados y la Plataforma de reclamación de CDAs de Triodos Bank – ReclamaTriodos